Perú: Expertos de la ONU piden el fin de la violencia en las manifestaciones e instan a respetar los derechos humanos
Ginebra.- Expertos de la ONU* expresaron su profunda preocupación por las continuas denuncias de represión, asesinatos arbitrarios, arrestos y detenciones, y desapariciones forzadas de manifestantes en Perú e instaron a las autoridades a establecer un diálogo genuino con el pueblo para poner fin a la crisis política del país.
“Las graves denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la incapacidad del Gobierno para crear un entorno propicio para el diálogo son motivo de gran preocupación”, expresaron los expertos.
El 7 de diciembre de 2022, el Congreso peruano votó a favor de la destitución del entonces presidente, Pedro Castillo, acusado de haber intentado disolver el Congreso. El Sr. Castillo fue detenido esa misma tarde y permanece en prisión preventiva acusado de rebelión y conspiración. Fue sustituido por Dina Boluarte, hasta entonces vicepresidenta, que juró su cargo como presidenta de Perú, de acuerdo con la Constitución.
Estallaron protestas en todo el país para exigir el cierre del Congreso, la organización de elecciones generales, la reforma constitucional y la liberación del Sr. Castillo. Como reacción a las protestas, el Gobierno declaró el estado de emergencia durante un mes, que se ha renovado dos veces. No se han convocado nuevas elecciones generales ni se han atendido las demandas de reforma constitucional.
“En cualquier sociedad democrática, la gente tiene derecho a protestar y plantear sus preocupaciones sobre los cambios políticos que afectan a sus vidas y medios de subsistencia. La democracia peruana se enfrenta a una crisis de credibilidad que sólo puede resolverse mediante un diálogo genuino, en el que participe la población y se tengan en cuenta sus aspiraciones de reforma”, declararon los expertos de la ONU.
Según el último informe publicado por la Defensoría del Pueblo, desde que comenzaron las protestas en diciembre de 2022 han muerto 48 manifestantes y un agente del orden, mientras que 1301 personas han resultado heridas. Cientos de personas han sido detenidas. Se han recibido denuncias de al menos un caso de desaparición forzada de manifestantes.
Los expertos explicaron que una detención inicialmente legal puede desembocar en una desaparición forzada si las autoridades encargadas de la detención no reconocen que una persona está detenida o no proporcionan información sobre su suerte o paradero, independientemente de la duración de la privación de libertad o de la ocultación de información. “Es importante proporcionar información a las víctimas y a sus familiares sobre los avances en las investigaciones”, señalaron los expertos.
Los expertos también expresaron su preocupación por los informes de violencia contra periodistas y trabajadores de los medios de comunicación que cubrían las protestas, incluidos los ataques deliberados por parte de las fuerzas policiales, e instaron al gobierno a tomar todas las medidas necesarias para garantizar que los periodistas que cubrían los acontecimientos puedan trabajar con seguridad.
Los expertos reiteraron la obligación del Estado de llevar a cabo investigaciones exhaustivas, rápidas, efectivas, imparciales e independientes sobre las presuntas violaciones de derechos humanos y recordaron que debe garantizarse la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas.
Los expertos subrayan el importante papel que desempeña la Oficina de la Defensoría del Pueblo en la supervisión y recopilación de pruebas sobre violaciones y piden a las autoridades que apoyen a la institución, garanticen su independencia y la seguridad de su personal.
Los expertos pidieron al Estado que recordara que el uso de la fuerza, especialmente de la fuerza armada letal, debe responder a los principios fundamentales de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Toda pérdida de vida resultante del uso excesivo de la fuerza sin el estricto cumplimiento de estos principios es una privación arbitraria de la vida y, por tanto, ilegal. Las presuntas muertes ilegales deben investigarse en cumplimiento de la Versión Revisada del Manual de la ONU para la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias y Sumarias (el Protocolo de Minnesota sobre la Investigación de Muertes Potencialmente Ilegales (2016)).
“Si bien el Estado debe garantizar la rendición de cuentas por los actos de violencia denunciados y cometidos por algunos manifestantes, debe hacerse una distinción entre quienes ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica y quienes cometen actos de violencia en el contexto de las manifestaciones”, señalaron los expertos.
Los expertos expresaron su preocupación por la estigmatización de las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica como terroristas, y el consiguiente procesamiento judicial de las personas con cargos relacionados con el terrorismo. Dijeron que la represión había afectado desproporcionadamente a los defensores de los derechos humanos, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas. Los expertos reiteraron la obligación del Estado de garantizar que las personas que ejercen su derecho a la libertad de reunión pacífica no sean objeto de intimidación y represalias.
Los expertos piden una solución política rápida, que tenga en cuenta la necesidad de rendir cuentas, y el fin de la violencia y la represión en el contexto de las protestas.
Los expertos en derechos humanos también han planteado sus preocupaciones al Gobierno en una comunicación.
FIN
*Los expertos:
Sr. Clément N. Voule,Relator Especial de la ONU sobre el derecho de reunión pacífica y de asociación; Sr. Morris Tidball-Binz, Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias; Sra. Aua Baldé (Presidenta-Relatora); Sra. Gabriella Citroni (Vicepresidenta), Sra. Angkhana Neelapaijit, Sra. Grażyna Baranowska, Sr. Luciano Hazan, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; Sra. Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo; Sra. Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos; Sra. Miriam Estrada-Castillo (Presidenta Relatora), Sr. Mumba Malila (Vicepresidente); Sra. Ganna Yudkiviska, Sra. Priya Golapan, Sr. Matthew Gillett, Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria; y Sra. Irene Khan, Relatora Especial sobre la Libertad de Opinión y Expresión.
Los Relatores Especiales y los Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Procedimientos Especiales, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de derechos humanos de la ONU, es el nombre general de los mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
