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El gobierno y las empresas mexicanas deben escuchar a las comunidades afectadas y a los defensores de derechos humanos

Foto: CINU México/Antonio Nieto
Grrupo de Trabajo DH (07 de septiembre de 2016).- El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos exhortó a las autoridades mexicanas y al sector empresarial a aprender de los errores del pasado y garantizar la consulta adecuada con las personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y actividades productivas.

"En un país multicultural como México este diálogo debe incluir, en particular, a los pueblos indígenas", dijo Pavel Sulyandziga, quien actualmente preside el Grupo de Trabajo.

"Estas consultas deberían producirse desde las primeras fases de cualquier proyecto de desarrollo y deben ser previas, libres e informadas, y cumplir con los estándares internacionales", mencionó, enfatizando que el principio de debida diligencia constituye el núcleo de los Principios Rectores de empresas y derechos humanos.

Al concluir su visita oficial de diez días a México, el Grupo indicó que el gobierno está haciendo importantes esfuerzos para mejorar los derechos humanos en el país, lo cual es positivo, aunque consideraron que se debe hacer un trabajo más fuerte para criminalizar a los que atacan, secuestran y asesinan a los defensores.

"Evitar daños o impactos negativos a las personas, especialmente a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, no debería considerarse una carga sino una oportunidad para fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible. No se trata de ser generosos, sino de respetar derechos", indicó Dante Pesce, miembro también de la delegación del Grupo de Trabajo.

Los expertos también subrayaron que periodistas y defensores de derechos humanos deben ser mejor protegidos.

"Frente a ataques e intimidación contra personas que defienden sus derechos o los derechos de los demás, funcionarios de alto nivel del gobierno y las y los CEO tienen que dejar claro que los ataques contra defensores de derechos humanos no son aceptables y no serán tolerados", afirmó Sulyandziga.

Los expertos señalaron que el proceso en curso para desarrollar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos ofrece una oportunidad para traducir los compromisos políticos en acciones, permitiendo al gobierno ejercer liderazgo.

"Nos alienta el compromiso del gobierno para mover la agenda de empresas y derechos humanos hacia adelante", comentó Pesce.

"Se requerirán mayores esfuerzos para cambiar prácticas y mentalidades y afianzar de manera más profunda una cultura de transparencia, integridad y valores democráticos. El gobierno debe dar ejemplo", añadió el experto.

El Grupo de Trabajo tuvo conversaciones sustantivas con más de 100 representantes de las autoridades del gobierno, visitó cuatro estados - Estado de México, Oaxaca, Jalisco y Sonora -, así como la Ciudad de México, y escuchó testimonios de unos 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas, pueblos indígenas, así como representantes de empresas, tanto privadas como estatales.

Los expertos precisaron que tuvieron reuniones con representantes de varias dependencias de gobiernos federal, estatales y municipales, así como con la Bolsa Mexicana de Valores, la Cámara Nacional de Industria Mexicana (CONCAMIN, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y empresas como CEMEX, PEMEX, Grupo México, Goldcorp y Transcanada.
No obstante, señalaron que Grupo Higa fue la única empresa que no aceptó recibirlos.

Contaminación de ríos

Pavel Sulyandziga expresó una particular preocupación por la contaminación del Río Santiago, considerado como el más contaminado del país.
Ese río ubicado en el estado de Jalisco recibe descargas de más de 300 industrias. Una de las zonas más contaminadas del afluente fluye a través de los municipios de Juanacatlán y El Salto, donde vive un total de 300 mil personas.

"Estuvimos en el Río Santiago, en un lugar muy pintoresco, muy hermoso, donde uno no puede permanecer mucho tiempo. El olor es tal que cualquiera que no es experto entiende que algo está pasando con el río. Nos presentaron hechos sobre los efectos sobre la salud", dijo Sulyandziga.

El Grupo también visitó el Río Sonora, otro afluente contaminado por una mina de cobre y que afecta a 22 mil personas.

"Nos entrevistamos con Grupo México y tenemos la sensación que la solución de ese problema es posible", expresó.

Encarcelar a los corruptos

Sobre la corrupción y la impunidad, Dante Pesce comentó que esta situación es destructiva para la sociedad y afecta a las personas más vulnerables.

"Una de nuestras observaciones sobre México es propiciar una cultura de un mayor nivel de transparencia tanto del gobierno, que ha dado pasos para el sector empresarial especialmente", dijo.

"La corrupción es un flagelo que perjudica gravemente a toda nuestra sociedad y particularmente a los más vulnerables. Eso debe indignarnos a todos", agregó al señalar que cualquier caso de corrupción o la falta de transparencia debe ser condenado.

Pesce comentó que "un empresario corrupto no sólo debería quebrar, sino estar preso. Un político corrupto no sólo debería ser botado fuera de su cargo, sino también estar preso".

Por lo tanto, indicó que se requiere transparencia y rendición de cuentas, fortalecer la capacidad fiscalizadora de las instituciones independientes y autónomas del Estado, así como las voces críticas de la sociedad civil, los sindicatos y muestras los casos de buenas prácticas y presentarlos como ejemplos.

El informe final del Grupo de Trabajo que incluirá conclusiones y recomendaciones se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2017.